Los alcaldes de las comunas más afectadas por el terremoto y tsunami insisten en que el Gobierno no ha actuado con la premura necesaria. Sostienen que a 78 días de la catástrofe aún quedarían familias sin ser encuestadas y por ende sin recibir las ayudas correspondientes.

Los ediles sostienen que en esta oportunidad decidieron realizar el reclamo como Capítulo Cuarto de Municipalidades, ya que el malestar engloba a todas las autoridades y no sólo a algunos. “Solicitamos una audiencia con el intendente para manifestarle el malestar de los vecinos y el nuestro sobre la tardanza que hay en la entrega de las ayudas. Nuestros vecinos tenían muchas expectativas por los anuncios realizados por el Gobierno, sin embargo, hoy están muy decepcionados”, sostuvo Cristian Galleguillos, presidente de los alcaldes de la región. 

Los ediles sostienen que esta problemática es producto del excesivo centralismo, que se gestó por la falta de confianza del Gobierno en las entidades comunales. “Existe una excesiva burocratización de los procedimientos para gestionar la ayuda que las personas necesitan. Las estructuras municipales como las direcciones de obras perfectamente pueden agilizar el trabajo y ayudar en la toma de resoluciones”. 

El alcalde de Monte Patria Juan Carlos Castillo explica que los principales errores que ha cometido el Gobierno están graficados en desincronización de las encuestas que se han aplicado. “Nuestros números no son los mismos que poseen ellos. Esto ha provocado que no podamos ayudar a los vecinos, porque no aparecen en los registros de Serviu, pese a que es evidente que no pueden seguir viviendo en una casa que está destruida. Aún tenemos vecinos viviendo a la intemperie y en situaciones muy precarias”.

Castillo señala que sólo en su comuna faltaría validar más de 1.700 fichas “lo que provoca que esas personas no reciban ayuda. Esto se debe a que el cruce de las tres fichas que se aplicaron no coincide con la encuesta que realizó el municipio”. 

Gerardo Rojas, alcalde de Salamanca y miembro de la directiva de los ediles, explica que en Canela existen más de 300 decretos de demolición de los cuales sólo estarían reconocidos, por parte del Gobierno, 192. Pero de ese total sólo se han construido 49 viviendas. “Y este escenario se repite en casi todas las comunas del interior y de las zonas rurales. En el caso de mi comuna tenemos una emergencia de más de 400 viviendas, pero sólo no han reconocido 90 y han construido 18. Esto no significa que estén entregadas, ya que a muchas de ellas aún les falta que les incorporen los baños y la instalación eléctrica”.

Gary Valenzuela, alcalde de Río Hurtado, señala que la realidad en su comuna es muy similar. “Estamos todos de brazos cruzados esperando que el Ministerio de Vivienda realice la validación de los casos, porque son los únicos autorizados en señalar qué tipo de beneficio les corresponde a los vecinos. Otro dato, la tarjeta gift card para enseres se demoraron cerca de un mes en entregarla lo que provocó que las personas tuvieran que gastar sus ahorros para la compra de materiales de primera necesidad”.

Por su parte, el edil de Illapel, Denis Cortés, ratifica el malestar de los ediles e insiste en que “se está demorando mucho la entrega de las viviendas debido a los estándares de calidad. A eso se suma que los materiales no están llegando con la rapidez necesaria. El centralismo es excesivo, deberían confiar en los municipios”. 

Otros de los ediles que está descontento con el trabajo que ha desarrollado el Gobierno para afrentar la catástrofe es el alcalde de Combarbalá. Pedro Castillo detalla que a la fecha sólo le han validado 90 viviendas de las 600 que están afectadas, según el catastro que realizó el municipio. 

“Los porcentajes están muy distantes entre las necesidades de la gente y la ayuda que ha entregado el Gobierno. Junto con ello nos preocupa que las cifras que entrega la autoridad regional son extremadamente parciales con la realidad que está ocurriendo en las comunas. Señalan que llevan más de un 70% de ayuda entregada, pero son en base a sus datos, que son los mínimos”.

Los ediles señalan que las cifras del Gobierno están construidas en base a un muestreo, ya que aún quedarían muchas familias sin ser encuestadas. “Sólo en Combarbalá tenemos pendientes más de 1.300 visitas por parte del Serviu. Esto ha provocado mucho descontento en la ciudadanía”, sostuvo Castillo. 

Estamos avanzando

Ante estas denuncias, el intendente Claudio Ibáñez señaló que el Gobierno desde el primer minuto ha estado atendiendo la emergencia. “El problema que tenemos es que la región es muy dispersa geográficamente. En materia de vivienda hemos cumplido con los compromisos, pero el problema tiene que ver con los procesos y las demoras, por la distancia que hay entre una localidad y otra”.

Ibáñez reitera que han avanzado de manera significativa en la entrega de bonos, construcción de las vías y apoyos a los comerciantes. “Los alcaldes nos han pedido un modelo de gestión más descentralizado, para ir en ayuda de los más necesitados. Eso lo acogemos, porque sabemos que es necesario generar algunas flexibilidades”.  

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Fuente: diarioeldia.cl