RANCAGUA.- Según confirmara el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, la empresa Caval y la firma de Hugo Silva, Silca, llegaron a un acuerdo para que ésta retire una demanda por estafa en la compra de unos terrenos, un polémico negocio inmobiliario que está siendo investigado por la Fiscalía.

Silca, propiedad de Hugo Silva, un reconocido empresario de la región de O'Higgins, anunció en un comunicado el acuerdo con Caval, propiedad en un 50 % de Natalia Compagnon, la nuera de la mandataria.

La empresa de Silva pagó en febrero pasado 9.500 millones de pesos (unos 15,2 millones de dólares) a Caval por unos terrenos en la localidad de Machalí. El empresario Hugo Silva esperaba que los predios rurales fueran recalificados como suelo urbano a corto plazo, aunque la polémica por el préstamo que Caval obtuvo con la intermediación de Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, y la investigación de la Fiscalía complicaron el panorama para la empresa Silca.

Ante esta situación, esa empresa presentó en marzo una querella por estafa contra Caval, una acción que queda sin efecto tras el pacto entre las dos empresas.
El fiscal Toledo señaló respecto del acuerdo entre Caval y Silca, que “ese contrato es un acuerdo extrajudicial por el cual se pagan ciertos montos, aproximadamente $ 1.200 millones para cada uno comprometiendo también cierta devolución de una casa que estaba a nombre de Caval, y con ello deja sin efecto las diferencias que ellos mantenían en conformidad de la ley”.

Toledo aclaró que en la causa denominada “Caval”, que compromete el interés público y que habla de tráfico de influencia y uso de información privilegiada, entre otras cosas, “la fiscalía seguirá investigando”.

Lo mismo fue subrayado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien afirmó que el acuerdo no tiene ninguna incidencia en la investigación que está realizando la Fiscalía de Rancagua sobre eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias en la compra y venta de los predios por parte de Caval.

El persecutor Toledo afirmó que “en materia de delitos económicos, en este caso delito de estafa, por el que se han querellado, las personas pueden disponer de propiedades y llegar a acuerdos directamente, eso esta previsto en la ley, pero la decisión para terminar la causa es una decisión que yo no he tomado hasta el momento”, sostuvo estableciendo que “el tribunal de garantía debe decidir, nosotros podemos propiciar y promover un término”.
 

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Fuente: diarioeldia.cl