Con fuerza reaccionó el Gobierno luego de las declaraciones emitidas ayer a este medio por el exministro de Desarrollo Social y exsubsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, quien manifestó que la Reforma Laboral impulsada por el actual gobierno “tiene un problema estructural importante” y que presenta “una serie de incoherencias”. Entre otras cosas, la exautoridad -quien trabajó en el mandato de Sebastián Piñera- recalcó además que hay aspectos de esta normativa “que deben ser imperiosamente modificados en la regulación propuesta, de suerte tal de que no impacten con mayor daño del que se supone ya van a causar”.
Quien salió al paso de estos dichos fue la seremi del Trabajo y Previsión Social, Tarcila Piña, quien sostuvo que existe mucha desinformación respecto de los alcances reales que tendrá el cuerpo legal y acusó una “campaña del terror”.
“Yo siento que aquí hay que informarse, también hemos sufrido una campaña del terror, no podemos hacernos los tontos en ese sentido, ha habido una campaña publicitaria especialmente desde el empresariado. Siento que ellos se sienten afectados con esta reforma, porque no entienden aún la lógica, que es el acuerdo, el consenso, generar espacios de más ecuanimidad”.
La autoridad local indicó que “les afecta que los sindicatos logren tener un control social dentro de la empresa, porque el poder siempre ha estado por parte de los empleadores. Ahora vamos a tener un equilibrio, queremos que entiendan que el capital de trabajo es una parte importantísima de esta cadena productiva”.
Piña expresó que lo que está sucediendo actualmente es que existe bastante desconfianza en el mundo del trabajo, entre trabajadores y empleadores y que, además, no existe un sistema o un marco jurídico acorde, actualizado. “Lo que se quiere es precisamente fortalecer la organización sindical y ampliar y modernizar las materias a negociar colectivamente. Tradicionalmente se negocian los bonos de término de conflicto, los reajustes, pero también queremos incorporar otras materias y actores a la negociación colectiva”.
“Queremos lograr generar la confianza entre los actores del mundo del trabajo, porque hay desconfianzas, hay desequilibrios profundos. Para nosotros terminar con la brecha de desigualdad que existe es un imperativo ético, social y político, pero también queremos fortalecer el crecimiento de las empresas y modernizar el sistema de relaciones laborales”.
Cabe destacar que Baranda apuntó también a que estos cambios afectarían fuertemente a la pequeña y mediana empresa, situación que es refutada enérgicamente por la autoridad regional. “Como ministerio estamos completamente atentos y abiertos a dialogar respecto a la situación de las pymes. Sabemos que generan más del 85% de los puestos de trabajo de este país, o sea, sería bastante ilógico que nosotros le generáramos un mismo estándar de negociación colectiva que el de las grandes empresas. Vamos a instalar normas de juego distintas, a generar una asesoría técnica para las mini pymes”.
TITULARIDAD SINDICAL. Una de las críticas expresadas por Bruno Baranda apuntaba a las ambigüedades que existen en temas como la titularidad sindical. La secretaria regional señala que efectivamente es uno de los ejes de esta reforma, pero explica que “lo que queremos decir con eso es que en aquellas empresas donde hay sindicatos negocia el sindicato, en aquellas empresas donde no hay sindicatos se pueden levantar los grupos negociadores o los trabajadores pueden negociar individualmente. Estamos respetando un principio fundamental que la OIT nos ha impuesto también que es la libertad de afiliación sindical. Con esto no se está obligando a los trabajadores a sindicalizarse, solo queremos precisar que el sujeto titular de una negociación colectiva es que, donde hay sindicatos, negocian los sindicatos”.
REEMPLAZO EN HUELGA. Este ha sido uno de los puntos más conflictivos en las tratativas por este cuerpo legal. Tárcila Piña dice que efectivamente el ministerio del Trabajo está por mantener el eje original del proyecto que es el no reemplazo en huelga “porque consideramos que existe un desequilibrio tremendo en esta situación”.
Al respecto, detalla que actualmente, cuando los trabajadores se van a huelga, se suspenden completamente sus derechos laborales, pero los empleadores los pueden reemplazar. “Entonces vemos que, el empleador sigue produciendo y los trabajadores siguen en agonía frente a un proceso que es doloroso como la huelga. En esa situación de desequilibrio absoluto ¿quien tiene más necesidad de sentarse a conversar y llegar a acuerdo? el empleador no, porque el sigue produciendo, entonces, cuando le quitamos la posibilidad de reemplazar a los trabajadores llega al mismo equilibrio y ahora también va a tener una necesidad, un incentivo importante para volver a sentarse a conversar lo antes posible”.
En tanto, respecto de la extensión de los beneficios, la seremi de Trabajo sostiene que actualmente el empleador tiene la facultad unilateral de ampliar los beneficios negociados en el instrumento colectivo por los trabajadores sindicalizados. “Consideramos que es un mal incentivo a que los trabajadores se organicen, porque finalmente dicen para qué me voy a meter al sindicato, voy a quedar como conflictivo, voy a pagar cuota sindical, si igual recibo los beneficios”.
DIÁLOGO. Para Bruno Baranda, una de las principales falencias de esta normativa era que no se había generado de un diálogo tripartito entre todos los involucrados, afirmación que rechaza la seremi pues señala que si bien este fue un proyecto que se presentó el 29 de diciembre de 2014 al Congreso, la ministra de la época, Javiera Blanco, tuvo un proceso de escucha durante todo el año 2014 potente y fuerte. “Se reunió con las 6 ramas de la CPC, Sofofa, las distintas asociaciones gremiales, el mundo académico, además de la CUT, la ONT o la CAT. Aquí hubo un proceso de escuchas completo. Además, cuando ingresó al Congreso también dentro del trabajo legislativo se vivieron audiencias de parte de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados”.
“Este fue, por primera vez, uno de los trabajos o debate legislativo que más concitó opinión. Logramos poner en el debate público de este país un tema que había sido completamente postergado que son los derechos colectivos de los trabajadores”.
Lo que sí reconoce Piña es que se han generado muchas opiniones, muchas posturas que son bastante antagónicas “y eso es resultado de toda esta discusión. Se siente de parte de los trabajadores y los empleadores que cada cual cuida su fundo y ese no es el objetivo, el objetivo es que entendamos que ambos forman parte de la cadena productiva, ambos son actores muy relevantes , por lo tanto, entenderse, dialogar, generar más espacios es necesario”, puntualizó.
Fuente: diarioeldia.cl