A 42 años del golpe militar las autoridades de la Nueva Mayoría se reunieron en el frontis de la intendencia para conmemorar a las víctimas del régimen.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Claudio Ibáñez y por la presidenta de la agrupación de los familiares de los detenidos desaparecidos, Anita Merino.

Ambos insistieron en la necesidad de conocer la verdad de los hechos ocurridos durante régimen militar, especialmente con aquellos que aún se encuentran desaparecidos.

Ibáñez, durante su intervención realizó un reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura, especialmente aquellos que eran de la región. “Un reconocimiento a todos aquellos que perdieron la vida y se convirtieron en nuestro mayor ejemplo de consecuencia y de verdaderos patriotas. Vaya mi compromiso como intendente de colaborar para que juntos trabajemos y caminemos hacia la verdad la paz y la justicia y por sobre todo a la memoria, porque ellos nunca serán olvidados”.

Por su parte Gonzalo Escorza, presiente regional del PC, sostuvo que seguirán insistiendo en la necesidad de romper el pacto de silencio y entregar toda la información referente a lo ocurrido durante los 16 años que duró la dictadura.

“No sólo queremos saber la verdad sino que también queremos justicia. Aún existen una cantidad importante de torturadores libres eso demuestra lo que ha sido la justicia en el país”.

Escorza señala que la verdad sólo se construirá en la medida que el Ejército y los partidos de derecha entreguen toda la información.

Una vez culminado el acto todos los asistentes caminaron hacia el memorial de los detenidos desaparecidos donde depositaron un clavel en recuerdo “de los compañeros que aún esperan justicias”, sostuvieron.

En búsqueda de la verdad.

Cerca de diez niños fueron tomados detenidos durante el golpe militar en la región. Cuatro de ellos (ahora adultos) siguen buscando a los culpables de dicha violación a los derechos humanos.

Por ello Marlinda Alcayaga y Yelema Monroy llegaron hasta la Corte de Apelaciones de La Serena a entregar una carta a los ministros a cargo de los casos para que no se detenga la investigación y se condene a aquellos que estuvieron implicados en la detención.

Esta última señaló que viene representación de sus hermanas “las cuales tenemos una querella por secuestro y tortura de menores contra todos aquellos que resulten responsables por los hechos que nos ocurrieron siendo menores”.

Monroy explica que fue encarcelada en diciembre de 1973 en la excárcel de mujeres el Buen Pastor de La Serena. “La carta va dirigida al ministro Jaime Franco para que haga una investigación más acuciosa sobre archivos que fueron encontrados durante el proceso de demolición de la excárcel. Sabemos que no ha solicitado ningún tipo de acción hacia esos documentos”.

Por su parte Alcayaga sostiene que la misiva que entregaron en la Corte es “para saber por qué no se han juzgado a los responsables. Vemos que no se avanza y nosotros queremos que se investigue”.

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Fuente: diarioeldia.cl