La superintendenta nacional de Servicios Sanitarios, Magaly Espinoza, en una amplia exposición que realizó por más de dos horas ante los miembros del Consejo Regional, CORE, mencionó que la empresa Aguas del Valle ha tenidoincumplimientos del contrato de concesión, dando antecedentes de que son 14 los procesos sancionatorios aplicados por la entidad fiscalizadora, entre los años 2010 al 1015 y valorizadas en más de 500 millones de pesos.
Magaly Espinoza, visito la región, accediendo a una invitación cursada por la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional, para analizar la problemática originada por la insatisfacción existente en la población regional, respecto de los servicios prestados por la empresa sanitaria.
La autoridad expuso ante los consejeros respecto del marco normativo que rige el contrato de explotación de concesión de los servicios sanitarios otorgados a la empresa.
Tras el encuentro, Magaly Espinoza, dijo que fue una reunión provechosa para ambas partes, porque les permitió conocer de primera fuente la insatisfacción existente, lo que le permitirá a la entidad focalizar de mejor manera la fiscalización y, al mismo tiempo, definir un plan de trabajo conjunto con el CORE.
“El compromiso de la superintendencia es transparentar toda la información relativa a los procesos que lleva con aguas del valle y, a su vez , buscar soluciones a la problemática de desconfianza puesta en la ciudadanía, a través de acciones conjuntas con el Consejo Regional, para ir demostrando poco a poco, la calidad del agua que están recibiendo, cómo se controla calidad del agua y cómo se garantiza que la cantidad de agua va a ser suficiente para las necesidades de las personas en forma continua”, detalló.
MULTAS INSUFICIENTES
Por su parte, la consejera Lidia Zapata, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social del CORE, justificó la reunión, argumentando que “existe mucha insatisfacción y molestia en la comunidad que está siendo abastecida por la empresa sanitaria Aguas del Valle. Aquí no se ha garantizado la cantidad, la continuidad ni la calidad del agua, por lo tanto, en base a todo lo que se le manifestó y a la falta de fiscalización, nosotros consideramos que las multas que se le han cursado a la empresa no son suficientes”.
Zapata mencionó, además, la poca inversión realizada por la empresa en materia de infraestructura durante los años de contrato, todo lo cual dio lugar a la reunión con la máxima autoridad fiscalizadora, con el objeto de analizar un eventual término del contrato.
En la sanitaria señalan que trabajan de acuerdo a la normativa sanitaria y “cada vez que se ha iniciado un proceso sancionatorio, hemos apelado a las posibilidades de recurrencia que tenga cada uno de esos procesos o multas. Debemos hacer hincapié que nuestro servicio y operación en esta condición de sequía extrema, que se ha extendido por más de 10 años, es complejo y en ese tiempo nuestros clientes no han tenido discontinuidad de suministro por la sequía, salvo situaciones puntuales”.
Añaden que sólo durante el período 2014-15 “hemos invertido cerca de $10 mil millones en la exploración y habilitación de nuevos pozos, conducciones y drenes con el fin de contar con un mayor soporte de producción de agua potable para el consumo humano y así mantener la continuidad del suministro para nuestros más de 214.000 clientes”.
Suman que han iniciado los estudios, con un costo asociado de $ 970 millones, para los diseños de la construcción de una planta desaladora para asegurar el agua a Ovalle.
Fuente: diarioeldia.cl