Ayer diario El Día dio a conocer la noticia de que más de una decena de empresas proveedoras de servicios están con peligro de quiebra luego de que la firma Constructora Branex S.A dejara abandonadas las obras de construcción de los primeros 15 kilómetros de la Ruta 41 CH, entre el sector Juntas del Toro y Puente Camarones, arrastrando con ello una millonaria deuda.
Pero este no es el primer caso de este tipo que se registra en la región, lo que deja abierta la inquietud de si los procesos de selección de las empresas que participan de las licitaciones siguen siendo efectivos en evitar este tipo de complicaciones o si, luego de que ocurren, el Estado debería tener mayores atribuciones para subsanar los conflictos económicos que puedan presentarse con las empresas y trabajadores que laboran en estos proyectos.
Uno de los casos más bullados en la zona fue el de Comsa de Chile S.A, que el 2011 se adjudicó las obras de mejoramiento de la “Ruta D-35 La Cantera” en Coquimbo, por $ 7.371 millones. Ya en los primeros meses de avance de los trabajos, las empresas contratistas comenzaron a denunciar el incumplimiento en los pagos, pero no fue sino hasta marzo de 2013, cuando la firma le comunicó al MOP que se declaraba en quiebra, que se le canceló el contrato. A esa fecha solo registraba un 27% de avance. Las pymes afectadas pidieron ayuda al gobierno para que se les cancelara lo adeudado, pero la respuesta es la misma que en el caso de Branex, se trata de un contrato entre privados. El proyecto debió ser relicitado y se atrasó en al menos un año su construcción.
También ese mismo año, otro hecho golpeó, esta vez, al Gobierno Regional. Cinco proyectos financiados con recursos del FNDR quedaron a medio camino porque la empresa Inca Ltda abandonó las obras sin concluir y dejó a una serie de trabajadores y proveedores sin el pago por su trabajo. Se trataba del complejo deportivo Los Llanos en Las Compañías (casi terminado); la Caleta de Pescadores en Los Vilos (82% de avance en obras); el gimnasio techado de Salamanca (94% de avance); el proyecto de Soluciones sanitarias de Quilimarí, en Combarbalá y la construcción de un centro de salud en Illapel (85%). Para todos ellos se debió buscar una nueva empresa constructora.
Otro proyecto emblemático de la zona que presentó dificultades fue la doble vía que une La Serena con Vallenar. Se licitó en noviembre de 2010 a la firma Azvi- Copasa, la cual cuando debió comenzar con la carretera informó al MOP que no se pudieron constituir como consorcio. Nuevamente se esgrimieron problemas financieros. Se indicó que la evaluación económica que hicieron junto a su asesor, el Banco Scotiabank, se desvió un 27% en los cálculos. La carretera debió ser nuevamente licitada y vio retrasada de forma importante su ejecución.
Más atrás también hay ejemplos, como el de Tribasa, que en 1997 se adjudicó la licitación de la Ruta 5 Norte en el tramo entre Los Vilos y Santiago, pero que por no cumplir con los plazos de construcción y tras dos multas de le retiró el contrato. Debió ser terminada por otra compañía.
En otro ámbito, está el embalse El Bato, que fue adjudicado el 2001 a la empresa Mendes Júnior, a la que el MOP decidió rescindir del contrato, pues se declaró en quiebra el 5 de mayo de 2005. Posteriormente, presentó problemas de infraestructura y debió ser reparado.

CÓMO EVITAR. Viendo estos casos, muy similares unos de otros, la pregunta que cabe es por qué no se toman como experiencia para evitar hechos futuros. José Montoya, presidente del Consejo Regional, sostiene que “casos como estos son graves y nosotros como gobierno regional debemos poner un atajo a esta situación. A nosotros nos corresponde asignar los recursos, pero hay un aparato administrativo del Gore que va a tener que tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra”, indicó.
En este sentido, aprovechó para anunciar que se va a plantear en la próxima reunión de presidente y en la reunión de Consejo “poder formar una comisión fiscalizadora que solicite los antecedentes, porque donde hay platas del gobierno regional y del Estado tenemos que ser rigurosos en que se inviertan bien”.
Otro que ha levantado la voz es el diputado Sergio Gahona, que tras el caso de Branex anunció que a través de un oficio al MOP solicitó información sobre posibles irregularidades que se habrían cometido tanto en la ejecución del contrato como en la fiscalización de la correcta ejecución de este. “El ministerio de Obras Públicas debe hacerse responsable de lo que hacen las empresas que se ganan los recursos de todos los chilenos”, indicó y enfatizó que “solicitaré una auditoria del contrato por parte de Contraloria, para determinar si existen irregularidades por parte del MOP en la fiscalización de la correcta ejecución del contrato y que se sancione a los responsables. Lo anterior porque el MOP estaba en conocimiento de una serie de problemas que acarreaba Branex S.A. al menos desde julio del año pasado por un oficio que yo mismo envié y a la fecha no ha tomado ninguna medida”.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA. Por su parte, la seremi del MOP, Mirtha Meléndez señaló que la mayoría de estos proyectos, como La Cantera, la caleta de Los Vilos y el de la Ruta 41 “se adjudicaron el 2013” y que ahora, dada la mala experiencia que ocurrió con ellos “hemos tenido en cuenta el pedir toda la línea contable de las empresas y la espalda financiera, para poder adjudicar una obra, sobre todo cuando traspasa los montos de 2 mil millones”.
Por ello, dice “me llama mucho la atención que se hayan adjudicado contratos como el de la caleta de los pescadores, que yo siempre critiqué, a una empresa que tenía un montón de otras obras y no tenía espalda económica”.
En el caso de Branex, señala que el 2014 efectivamente se les acercaron empresas diciendo que tenían dificultades de pago “y los orientamos a que se querellaran, porque desde el punto de vista legal es lo que procede. Además informé que esta empresa tenía todas las características de quebrar”.
Recalca que lo que han hecho como gobierno en todos estos casos es tomar los proyectos y terminar lo que quedó pendiente, pero que los problemas han servido como experiencia. “Ahora estamos haciendo una investigación exhaustiva y cruzando la información, porque siempre los medios lo permiten, con impuestos internos, con la inspección del trabajo, con los bancos. Lo que me llama la atención es por qué estos contratos se adjudicaron igual si las empresas ya venían con problemas”, puntualizó.
Respecto de la investigación solicitada por el diputado Gahona, señala que “creo que es muy buena la auditoria y que se vea, desde el inicio, por qué se adjudicaron contratos siendo que las empresas en ese tiempo ya tenían problemas graves”, precisó. 
 

Imagen Principal: 

Fuente: diarioeldia.cl