Los diputados Raúl Saldívar, militante del Partido Socialista y Daniel Núñez, del Partido Comunista, ante una consulta periodística sobre el traspaso del Estado al sector privado por gobiernos de la Concertación de la sanitaria Aguas del Valle, reconocieron que “fue un error” el cambio de administración.
Las declaraciones las formularon en el marco de una concurrida conferencia de prensa convocada por el movimiento ciudadano “Fin a las concesiones del agua”
El diputado Daniel Núñez, tras el emplazamiento periodístico de que la sanitaria se había privatizado en gobiernos de la Concertación, precisó que “fue un error, fue un tremendo error político de la Concertación en esos años haber privatizado las empresas del Estado, el agua potable”.
Por su parte, Raúl Saldívar, coincidió con Núñez, indicando que “hemos constatado hoy día que ese fue un error por parte de la Concertación”.
Más adelante añadió que con posterioridad al agotamiento de la Concertación “se conforma la Nueva Mayoría, donde el eje fundamental se sitúa en la construcción de una sociedad de derechos y hacer un cambio de conceptos y de paradigma fundamental, donde ya no sea el Estado el proveedor de bienes sino que exista un Estado y ojalá una Constitución que dé garantías reales de que las personas tienen derechos y uno de sus derechos es el acceso al agua como un bien nacional de uso público. Hoy día, desde la perspectiva de la Nueva Mayoría, en una mirada retrospectiva, entendemos que en la región hubo un error. Un error en el sentido de que las empresas no han cumplido y la normativa que dejó instalada la Concertación para que las empresas cumplieran con las inversiones, con la calidad de los servicios no tuvo la suficiente fuerza y es debilucha”, subrayó el diputado.
La senadora del PPD, Adriana Muñoz, fue clara al sostener que “Aguas del Valle está haciendo las cosas muy mal y tenemos reiterados eventos y situaciones en los que ha quedado demostrado lo mal que está funcionando la empresa”.
La senadora reconoció que no era un trámite fácil quitar la concesión, pero “podríamos ir avanzando en etapas, en un proceso sancionatorio profundo por las faltas a las exigencias, hasta poder demostrar de que hay bases para una caducidad”.
Raúl Moya, uno de los integrantes de esta organización, fue funcionario de la sanitaria, cuando ésta era estatal y se denominaba ESSCO (Empresa de Servicios Sanitarios Coquimbo), al señalarle que en su momento los ejecutivos recibieron las indemnizaciones y no reclamaron porque se privatizaba la compañía, sostuvo que “fui uno de los pocos ejecutivos que se opuso. Cuando se supo propusimos juntarnos y el monto de los dineros de la indemnización más un aporte del Estado comprar o concesionar nosotros la empresa. Hubo un principio de acuerdo, pero vino un funcionario de la Corfo y aumentó la indemnización y si nos tocaban, por ejemplo, siete u ocho meses de indemnización, los aumentaron a once meses más y al cambiar de empresa no perdían el trabajo. Cada trabajador promedio recibiría 30 ó 40 millones de pesos y frente a la tremenda posibilidad de generarse un ingreso mayor y continuar trabajando era imposible”, dijo.

POSTURA DE LA SANITARIA. Ayer en un comunicado, Aguas del Valle señaló que entendían la preocupación de los parlamentarios por eventos puntuales en el servicio y “nos reuniremos con cada uno de ellos para escuchar sus inquietudes y contarles respecto del trabajo realizado y planes futuros”. También, que en los casos de emergencia, “nos esforzamos para dar las respuestas más oportunas posibles. Estamos conscientes de los efectos que generó el último caso de aluviones que afectaron a Coquimbo y La Serena y la extensión del corte dista de lo que nos hubiera gustado, pero se trató de un caso de fuerza mayor”. Añaden que la empresa es constantemente fiscalizada y que el modelo sanitario chileno ha permitido contar con niveles de cobertura similares a los de países desarrollados”.  

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Fuente: diarioeldia.cl