El pasado mes de julio, los senadores de la Nueva Mayoría que integran la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS), ingresaron una moción parlamentaria que busca modificar la ley de Pesca y Acuicultura, que se fundamenta, entre otros puntos, “en que la pesca artesanal ha sido particularmente afectada con esta nueva regulación”.
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca F.G (Sonapesca), Francisco Orrego, se trata de una medida “inoportuna” que surge de “un grupo minoritario de organizaciones artesanales de muy baja representación y de una empresa en particular” que no hará más que generar incertidumbre en un sector económico que ya vive dificultades.
Uno de los aspectos que considera esta moción, sostiene Orrego, es que propone eliminar la pesca de arrastre en toda la zona económica exclusiva, con lo cual, afirma, llegaría a desaparecer la pesca industrial en la región de Coquimbo.
Por ello, llama a la reflexión a los parlamentarios y los insta a no tomar decisiones precipitadas respecto de este tema. “Creo que lo más prudente y lo que haría cualquier persona responsable sería esperar el resultado del informe de la FAO que va a estar como en marzo del próximo año”, indica.
-¿Cómo evalúa el funcionamiento de La Ley de Pesca en estos años?
“Nosotros tenemos una Ley de Pesca que es de clase mundial, porque ha logrado establecer como eje principal de toda la institucionalidad pesquera el tema de la conservación, de la recuperación de las pesquerías, creo que ese es el elemento clave”.
“(…) Hay gente que cree que los resultados en la recuperación de las biomasas va a ser casi automática con la dictación de la ley. La gente tiene que entender que esto es un proceso de largo plazo, la institucionalidad pesquera en general necesita una mirada de largo plazo para poder recuperarse y continuar con la senda de desarrollo que tuvo durante más de 60 años. Dependiendo del tipo de pesquería los resultados se podrían empezar a ver recién en 5 o hasta 20 años después”.
-Pero hay tres senadores de la nueva mayoría que presentaron una moción en julio para modificarla…
“Más allá de las inconstitucionalidades que tiene, es una moción que es totalmente innecesaria, porque Chile no necesita una nueva Ley de Pesca ni reformar una ley cuyo periodo de evaluación todavía ni siquiera ha podido comenzar, porque no ha terminado el de implementación. Tenemos una ley de clase mundial, que fue largamente discutida, analizada no solamente en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de la Libre Competencia, participaron más de 150 organizaciones a nivel país, ONGs, científicos, universidades, trabajadores, empresarios, todo el mundo. Lo bueno es que recogió amplios acuerdos no solamente en lo político, sino que también en lo técnico y le vino a dar certeza jurídica a todos los actores, sin excepción”.
“Nos parece inoportuno porque viene a generar de alguna manera un factor de incertidumbre en una actividad económica que hoy más que nunca requiere reglas claras para poder desarrollarse”.
-Si es así por qué cree que se quiere modificar…
“Quienes de alguna manera están impulsando y promoviendo esta moción son un grupo minoritario de organizaciones artesanales de muy baja representación y de una empresa en particular. Nosotros lamentamos que a nosotros como sector no se nos hubiese consultado sobre nuestro parecer y vemos más bien que representa coincidentemente algunos aspectos que han planteado estas organizaciones, entonces más bien parece un traje a la medida para un sector minoritario y para un solo actor y el resto queda realmente en una situación de bastante confusión e incertidumbre”.
-Porque además el gobierno pidió un estudio a la FAO sobre esta ley…
“Esta moción se desmarca en cuanto a la posición del gobierno en cuanto a hacer o encargarle una evaluación de la ley a la FAO, que es a todas luces para todos los sectores un organismo validado. Esto va a despejar muchas dudas que hoy hay sobre la ley y va a permitir que este sector productivo pueda seguir desarrollándose en el tiempo”.
-¿Cuáles son a su juicio los efectos que tendrían estos cambios?
“En esto lamento traer muy malas noticias para la región, porque la moción lo que propone es eliminar la pesca de arrastre en toda la zona económica exclusiva y eso significa, en términos bien simples, que desaparece la pesca industrial en la región de Coquimbo, porque la pesca crustacera es principalmente a través de la pesca de arrastre y eso significa, en términos bien prácticos, que haya una cifra cercana a las 1.000 familias que dependen directa o indirectamente de esta industria. Por lo tanto, el impacto que podría generar ese aspecto puntual de la moción para esta región es el fin de la pesca industrial en la zona”.
“Creo que los parlamentarios tienen que hacerse cargo de los efectos de las mociones que generan de manera bastante inconsulta. Hay mucha confusión y escasez de información técnica sobre el tema. La gente no sabe que este es el sistema imperante en todos los países pesqueros del mundo, no hay ningún país donde se haya prohibido salvo Venezuela”.
-¿Cómo avanzan las tratativas para analizar esta moción?
“Los parlamentarios han abierto un periodo de invitaciones a distintas organizaciones a exponer. Pero creo que aquí lo más importante es que no hay que tomar decisiones precipitadas respecto de este tema. Creo que lo más prudente y lo que haría cualquier persona responsable sería esperar el resultado del informe de la FAO que va a estar como en marzo del próximo año. Ahí va a haber un informe con recomendaciones y tal vez se puedan tomar y converger con esta moción. Lo que si tenemos claro que hay aspectos esenciales de la ley de pesca cuyo debate se pretende abrir exclusivamente a petición de una empresa en particular y eso nos parece súper grave”. 3701i
Fuente: diarioeldia.cl